La primera prestación pretende lograr el reequilibrio territorial. Va dirigida a aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes, en función de su riesgo de vulnerabilidad, el cual se calcula en relación a la renta bruta familiar per cápita, la ratio de paro sobre la media de la Comunidad de Madrid, el saldo migratorio en estas localidades en los últimos diez años y el porcentaje de vivienda familiares no principales en el mismo.

Como novedad, este año se ha incluido un nuevo criterio y se les ha otorgado un punto más a aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes que tengan, al menos, seis nuevos residentes que vengan de otras zonas para la realización de actividades artísticas, deportivas o educativas.

La segunda está enfocada a evitar la despoblación. Va destinada a aquellos de población inferior a 2.500 vecinos para reforzar la cooperación económica en aquellas áreas que tienen mayor riesgo de perderlos. El objetivo es crear sinergias entre las localidades para generar consumidores, mano de obra o atractivo para la inversión, entre otros.

En este caso, se prestará especial atención a los territorios que cuenten con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y a aquellos cuyo descenso medio haya sido de al menos un 1% en diez años, criterios que la Unión Europea considera de riesgo demográfico.