El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado un paso significativo al autorizar la publicación del anteproyecto de la Ley de Defensa del Contribuyente en el Portal de Transparencia. Esta iniciativa busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias para los ciudadanos madrileños y, al mismo tiempo, fortalecer sus derechos. Este avance se enmarca dentro del compromiso del Ejecutivo regional con la transparencia y la participación ciudadana.

Facilitando las Obligaciones Tributarias

La nueva ley tiene como objetivo primordial crear mecanismos que simplifiquen las gestiones tributarias, mejorando así la relación entre los ciudadanos y la Administración. Se espera que estas medidas permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones en un entorno caracterizado por la claridad y eficiencia.

Entre las propuestas más destacadas del anteproyecto se incluye el establecimiento de un marco que garantice seguridad jurídica, reforzando así la efectividad de los derechos de los contribuyentes. Además, se potenciará la figura del defensor del contribuyente y se implementará una carpeta fiscal individualizada donde cada ciudadano podrá acceder a toda su información tributaria. También se prevé un sistema integral de asistencia y el uso de un lenguaje administrativo más accesible junto con formularios fáciles de entender.

Consulta Pública y Nueva Ley de Hacienda Pública

Para asegurar que el texto final refleje las necesidades reales de la sociedad madrileña, se llevará a cabo una consulta pública previa. Esta consulta estará disponible próximamente en el Portal de Transparencia.

Por otro lado, el Consejo también ha autorizado el inicio de la tramitación de la futura Ley de Hacienda Pública. Esta norma tiene como propósito aumentar la seguridad jurídica y simplificar los procedimientos administrativos relacionados con la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable del sector público regional.

La nueva legislación renovará la anterior Ley reguladora de Hacienda, vigente desde 1990, que ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo de sus más de 30 años. Dado que han surgido nuevas figuras legales, como fundaciones o consorcios, es fundamental actualizar y consolidar toda la normativa relacionada para evitar duplicidades y adaptarla a las normativas europeas, estatales y autonómicas actuales.