El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tomado una decisión significativa al aprobar, en su última reunión, tres acuerdos de tramitación urgente que movilizan 2,7 millones de euros destinados a la atención de 182 menores inmigrantes no acompañados durante el presente año. Esta inversión permitirá gestionar un total de 112 plazas en dispositivos públicos y 70 en centros privados.

Números preocupantes y recursos saturados

Desde 2019, la Comunidad de Madrid ha brindado apoyo a más de 10.600 menores, incluyendo 2.442 en 2024 y 1.028 en el primer trimestre del actual año. Esta situación ha llevado a una saturación alarmante de los recursos disponibles, con una sobreocupación que alcanza el 132%.

A raíz de la decisión del Gobierno central de trasladar obligatoriamente a menores desde Canarias hacia comunidades como Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, el Ejecutivo madrileño ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Este recurso argumenta que el Real decreto ley estatal que establece este reparto forzoso vulnera varios artículos de la Constitución y sobrepasa las competencias autonómicas.

Afrontando nuevos desafíos

En caso de que se implemente el reparto obligatorio, el Gobierno regional tiene planes para ampliar el Centro de La Cantueña en Fuenlabrada y está evaluando la posibilidad de abrir nuevos recursos en diferentes localidades.

Además, conforme a las normativas vigentes en materia de extranjería, se ha solicitado a la Delegación del Gobierno la reagrupación familiar para cuatro menores que enfrentan serias dificultades de adaptación, con el objetivo primordial de garantizar su protección.

La Comisión de Protección a la Infancia y Adolescencia seguirá evaluando aquellos casos que presenten dificultades reales para su integración, buscando así prevenir que estos jóvenes sean víctimas del tráfico humano y del consumo de drogas.

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