Paloma Tejero, al contrario que el resto de alcaldes del PP, sí ha impuesto la tasa de basura. Es más, ya hemos recibido en el domicilio la carta de pago. Los alcaldes españoles se oponen a la nueva tasa de basuras que el Gobierno exigirá en 2025, argumentando que la Comisión Europea aclara que no es obligatoria. Bruselas ofrece alternativas para cubrir costos de residuos, contradiciendo al Gobierno y generando un amplio rechazo entre los municipios por su impacto fiscal, excepto en el caso de Pozuelo de Alarcón.
Ante esta imposición, nos sumamos a la iniciativa de El Correo de Pozuelo para realizar un recurso. En unos días pondremos a disposición de todos los lectores un documento para rellenar y que lo presenten en el Ayuntamiento.
Los alcaldes muestran su oposición al 'tasazo' de basuras, ya que la UE ha admitido que no es un requisito obligatorio excepto en Pozuelo de Alarcón, que la alcaldesa, además de aceptar este impuesto, es la primera que lo ha puesto en marcha ya que hay plazo hasta abril del 2025. Los pozueleros, en cambio, lo vamos a empezar a pagar en el último trimestre de 2024.
La nueva tasa de basuras, que a partir de abril del próximo año el Gobierno central exigirá a los alcaldes implementar, obligará a cada vecino a abonar el 100% del costo asociado con la recolección, transporte y reciclaje de los residuos orgánicos. Sin embargo, esta no es la única alternativa que la directiva europea ofrece a los gobiernos para cobrar por la generación de desechos.
De hecho, se origina aquí la idea en España de establecer un nuevo impuesto municipal que deberá ser cobrado de manera separada, por ejemplo, del IBI, donde en muchos casos ya se integra. La respuesta del vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, a una consulta realizada por el PP en Bruselas sobre la "obligatoriedad" de esta nueva tasa, deja claro que existen otras opciones disponibles.
Šefčovič menciona una "lista no exhaustiva de ejemplos de instrumentos económicos" que pueden utilizar los países de la UE. Además, sugiere que las autoridades locales también podrían considerar otras medidas adicionales. De este modo, Bruselas contradice al Gobierno español al afirmar que la nueva tasa municipal no es el único camino para hacer frente a los costos generados por la basura.
Además, destaca que las autoridades locales en cada país "pueden también adoptar otras medidas que no figuren en el anexo", las cuales "pueden variar en función de los agentes a los que se impongan, como, por ejemplo, las empresas, los productores o los hogares".
El vicepresidente de la Comisión Europea recuerda que la directiva proponía establecer tasas para los vertederos y la incineración. Además, se sugerían sistemas de pago basados en la cantidad de residuos generados, así como incentivos fiscales para fomentar la donación de alimentos. También se contemplaba la contratación pública sostenible con el fin de mejorar la gestión de los residuos. Por último, se mencionaron sistemas de depósito y devolución, similares al que el Gobierno planea implementar en dos años para facilitar la recolección de botellas de plástico, latas y bricks.
Las alternativas que propone la directiva europea chocan con la justificación presentada por el Gobierno, quien argumenta su obligación, a solicitud de la UE, de establecer un impuesto que fue incorporado en la ley en abril de 2022. Este impuesto otorgó un plazo de tres años a los ayuntamientos para comenzar a aplicarlo. Dicho plazo finalizará en abril de 2025, lo que ha generado un rechazo generalizado entre los alcaldes hacia esta tasa. Ellos denuncian la falta de criterios claros por parte del Ministerio de Hacienda y, en algunas ocasiones, advierten que este impuesto podría incrementar el coste de vida para sus ciudadanos. La vicepresidenta del Grupo PPE y portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha expresado su desacuerdo al señalar que, en su primer día laboral, "la primera recriminación que recibe Ribera proviene de un compañero de la Comisión, quien la desmiente". "El Partido Popular y sus alcaldes han demostrado que estábamos en lo correcto: no era imprescindible explotar a los ciudadanos mediante este “tasazo” para realizar la transposición adecuada de la Directiva", comenta Montserrat. Y añade: "No hay ninguna tasa de basuras que imponga la Directiva. Es evidente el radicalismo verde de Teresa Ribera, quien busca forzar a los ciudadanos a cubrir completamente con su propio dinero los costos del reciclaje, y por eso tendrá que ofrecer explicaciones". En Pozuelo de Alarcón, a pesar de que la alcaldesa es del PP, ha decidido implantarla desde ya, siendo, probablemente la primera de toda España que lo haga.
Desde el diario El Correo de Pozuelo han iniciado una campaña en contra de esta tasa. Nosotros, desde el diario Enpozuelo.es, nos unimos a ella y en unos días informaremos de los trámites a seguir para recurrir este pago. Para agilizar los trámites, os publicaremos un documento que solo habrá que rellenar y presentar en el Ayuntamiento. En el caso de que necesiten ayuda, también se la podremos facilitar.