Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, se trata de “un gran avance en las condiciones de empleo de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia” y constituye “una prueba más de los fructíferos resultados que pueden obtenerse con el diálogo y el consenso”. Para alcanzar el Acuerdo que se ha firmado hoy ha sido necesario un proceso negociador de siete meses en el que se han celebrado catorce reuniones en las que se han tratado, de manera pormenorizada, todas las cuestiones relativas al personal funcionariado de Justicia.
Cifuentes ha recordado que ya “son 10 los grandes acuerdos alcanzados con sindicatos y empresarios desde el comienzo de la legislatura, relativos, entre otros, a la creación de empleo, la lucha contra la violencia y el acoso, la protección por incapacidad o la mejora de las condiciones laborales de diversos sectores públicos”, que redundarán en la calidad de los servicios que se prestan a los madrileños.
Mejoras del Acuerdo Sectorial
El Acuerdo Sectorial contempla mejoras en materia de personal, como la creación de una comisión de seguimiento sobre provisión de puestos de trabajo, el compromiso de cubrir vacantes mediante su inclusión en la oferta de empleo público, el nombramiento de funcionarios interinos y la consolidación de los refuerzos de plantilla.
Respecto a las condiciones laborales, se establece una jornada de cinco horas y media entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, que se compensará durante los restantes meses del año. Además, se incrementará la retribución en 120 euros mensuales, 45 de los cuales se harán efectivos este año, con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero; 90 euros mensuales en el 2018, hasta llegar a los 120 más al mes en el año 2019. Esta mejora supondrá un coste de 21 millones de euros y beneficiará a los 6.784 trabajadores entre funcionarios de carrera, interinos y personal de refuerzo.
Cifuentes ha recordado también el incremento del presupuesto de la Comunidad en materia de Justicia, con una subida del 50% en justicia gratuita, hasta llegar a los 49 millones desde el inicio de la legislatura, “garantizando así el acceso de los tribunales a los que más dificultades tienen”. Asímismo ha destacado los 1.434 funcionarios interinos nombrados y los 188 puestos de funcionarios de carrera cubiertos, además del plan de mejora de infraestructuras judiciales iniciado este año, con 7 millones de euros, y que ha sido puesto en marcha gracias también al diálogo con los propios afectados.