El procedimiento ha sido elaborado por un grupo de profesionales de distintas categorías de Atención Primaria y Hospitalaria, partiendo de las necesidades que se plantean en las consultas. Incluye un documento, para toda la red del primer nivel asistencial de la sanidad pública madrileña, con indicadores actualizados que permiten notificar oficialmente la sospecha de que un paciente pediátrico sufre alguna de las siguientes situaciones: violencia física, emocional, sexual o a través de las redes sociales; negligencia en los cuidados; abuso de nuevas tecnologías; sumisión química; mutilación genital femenina; trata y explotación sexual, o pertenencia a bandas delictivas.

En edades tempranas estas realidades pueden afectar al rendimiento escolar de los niños, generarles trastornos del comportamiento, adicciones o problemas de salud mental. También pueden condicionar su etapa adulta, tanto en el ámbito personal como laboral, siendo incluso susceptibles de repercutir en la carga genética que se transmite a futuras generaciones. En cambio, las experiencias positivas en la infancia, como sentir el interés de los profesionales de la salud por su estado, pueden compensar estas dificultades.

La redacción de estos partes de notificación puede ser cumplimentada por cualquier categoría sociosanitaria de los centros de salud: médicos de familia, pediatras, profesionales de Enfermería, odontólogos, higienistas dentales, matronas, fisioterapeutas, psicologías y trabajadores sociales. Constituye, para ello, una obligación ética y legal.

El nuevo protocolo incluye desde los casos de riesgo leve a los graves, cuya atención se coordina a través del trabajador social del centro de salud, que es el nexo de unión entre el sistema público sanitario y social. En este sentido, Atención Primaria constituye un nivel sanitario clave en la detección de estos fenómenos gracias a la cercanía con su población y la facilidad de acceso a sus consultas.