Un seguro obligatorio del automóvil deberá ser suscrito por los propietarios de un elevado número de maquinarias, como las agrícolas o de construcción, que ahora serán consideradas vehículos de motor. Esto tiene como objetivo ayudar en la resolución de conflictos durante la tramitación de siniestros.

A partir de ahora, todos los vehículos a motor que puedan alcanzar una velocidad máxima de fabricación superior a los 25 kilómetros (km) por hora o un peso neto máximo superior a 25 kg y una velocidad máxima de fabricación de más de 14 km/h serán considerados.

Según un comunicado del Ministerio de Economía, se ha modificado la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y la ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras al transponer una directiva europea. El proyecto de ley será remitido ahora al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

Las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico son mejoradas.

Al establecer una definición "más clara y amplia" de los vehículos que deben disponer del seguro obligatorio de responsabilidad civil, la norma mejora la cobertura, indemnizaciones y seguridad de las víctimas de accidentes causados por vehículos a motor.

Se han implementado mejoras en las indemnizaciones a las víctimas, con el objetivo de agilizar la evaluación de dichas indemnizaciones y evitar recurrir a los tribunales. Se permitirá el uso de alternativas extrajudiciales para resolver conflictos. Además, se proporcionarán informes médicos y atestados policiales de forma gratuita, y se establecerán plazos más cortos para la evaluación médica y emisión de informes, entre otras medidas.

Se comenzará a emplear un nuevo "baremo" en cuanto a las mejoras en el sistema de valoración de las indemnizaciones por daños personales causados por accidentes de circulación. Conforme al IPC (Índice de Precios al Consumo), se actualizarán los importes de las coberturas.

En caso de insolvencia de la aseguradora, se cubren las indemnizaciones.

El Consorcio de Compensación de Seguros en España es el encargado de cubrir las indemnizaciones a las víctimas en caso de insolvencia de la entidad aseguradora, según la directiva europea que se adapta a la legislación española. Además, esta directiva establece que cada país debe contar con un fondo de garantía para este propósito.

Mejorando las facultades de control para garantizar la idoneidad de las personas que dirigen la aseguradora y mediante la introducción de planes preventivos de recuperación, la norma introduce modificaciones en la ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras.