La Comunidad de Madrid ha decidido implementar una reducción significativa de las cargas burocráticas y los trámites administrativos, con el objetivo de equilibrar el crecimiento económico y demográfico proyectado para los próximos años con la preservación del entorno natural. La Asamblea de Madrid ha aprobado recientemente una nueva ley que establece medidas para un desarrollo sostenible del medio ambiente y la ordenación del territorio, simplificando así la normativa existente en áreas medioambientales, territoriales y urbanísticas.

Un enfoque hacia el desarrollo equilibrado

Este proyecto legislativo ha sido enriquecido durante su trámite parlamentario, incorporando un total de 19 enmiendas. Su entrada en vigor se producirá al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). La norma no solo busca fomentar el desarrollo económico y urbanístico, sino también posicionar a Madrid como un referente en políticas sostenibles, innovación tecnológica y planificación estratégica.

Entre sus objetivos se encuentra aumentar la oferta de vivienda, avanzar hacia la descarbonización, asegurar el relevo generacional en el sector primario, combatir la despoblación en áreas rurales y garantizar la prestación continua de servicios públicos relacionados con la gestión del ciclo del agua.

Simplificación y agilidad en procesos urbanísticos

En lo que respecta a la legislación urbanística, esta nueva ley prioriza la simplificación de los procesos necesarios para obtener licencias. Se adelantarán los plazos para solicitar permisos desde el momento de la reparcelación, mejorando así la agilidad en el trámite de licencias. Además, se fomentará la eficiencia energética en edificios y se potenciará el desarrollo habitacional en municipios que enfrentan riesgos de despoblación.

Las reformas también abarcan grandes desarrollos actuales como Valdecarros o Los Berrocales, así como el futuro proyecto Madrid Nuevo Norte. Los propietarios podrán solicitar licencias para edificación antes de que se apruebe definitivamente el proyecto de reparcelación. Por otro lado, los ayuntamientos podrán avanzar en su planificación mientras continúan tramitando una reforma integral de la Ley del Suelo.

Beneficios para el sector agrario

Los cambios introducidos por esta ley también beneficiarán a agricultores y ganaderos al reducir las autorizaciones urbanísticas necesarias y modernizar los sistemas de riego. Esto no solo permitirá un ahorro significativo de agua, sino que también mejorará la rentabilidad del sector primario. Asimismo, se facilitarán más usos y actividades en terrenos rurales no urbanizables y se permitirá la comercialización directa de productos agroalimentarios.

El Ejecutivo regional podrá desarrollar Planes de Protección del Paisaje que compatibilicen la conservación del patrimonio natural con las actividades tradicionales en zonas rurales. Esto incluirá flexibilizar las reparaciones necesarias en caminos e infraestructuras ganaderas para contribuir al desarrollo local y frenar la despoblación.

Aceleración en proyectos hídricos e infraestructuras esenciales

La normativa también agiliza la aprobación de proyectos relacionados con infraestructuras hídricas, asegurando así una continuidad efectiva en los servicios públicos vinculados a este ciclo. Se establecerá un procedimiento exprés para obras consideradas de interés público por parte del Canal de Isabel II, eliminando además el Plan Especial de Infraestructuras que ralentizaba estos proyectos.

Por otro lado, esta ley facilitará notablemente la instalación de infraestructuras esenciales como redes eléctricas y telecomunicaciones al eliminar requisitos previos complejos. Esto podría reducir hasta dos años el tiempo necesario para su tramitación. También se fomentará la creación de Centros de Procesamiento de Datos (CPD) en Suelo Urbanizable No Sectorizado mediante Proyectos de Actuación Especial.

Adaptaciones normativas ante nuevas leyes estatales

Finalmente, es importante destacar que esta legislación contempla las adaptaciones necesarias ante la entrada en vigor de la Ley Estatal sobre Protección de los Derechos y Bienestar Animal. Esta adecuación busca evitar contradicciones entre normativas y proporcionar mayor seguridad jurídica dentro del marco legal español.