La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central la eliminación total del IVA en los alimentos básicos adquiridos a través de las tarjetas monedero, un recurso destinado a personas en situación de vulnerabilidad. Esta petición surge tras la finalización, el pasado 31 de diciembre, de una reducción temporal del impuesto sobre estos productos esenciales.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha dirigido una carta a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. En ella expresa su preocupación por el aumento del costo de la cesta de la compra, que ha crecido un 30% desde 2021, año en que se implementó este sistema de tarjetas para facilitar la adquisición de artículos básicos.

Impacto en las familias vulnerables

Dávila visitó recientemente las instalaciones de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, donde reiteró su demanda de un IVA cero. Según ella, esta medida “aliviaría enormemente a las familias vulnerables”, permitiendo que sus recursos se destinen a necesidades esenciales en lugar de contribuir injustamente al enriquecimiento del Gobierno.

La consejera también destacó que desde la llegada al poder del Gobierno de Pedro Sánchez, la pobreza con carencia material severa ha casi duplicado su tasa en España. Este fenómeno ha pasado del 4.7% al 8.9%, según datos del INE, marcando el peor registro en dos décadas y estableciendo un nuevo récord histórico.

Exclusiones del sistema actual

Durante su visita a la fundación, Dávila elogió el trabajo realizado por esta organización durante más de 30 años en apoyo a miles de ciudadanos en situación precaria. En el último año, distribuyó más de 17 millones de kilos de alimentos.

No obstante, el sistema actual de tarjetas monedero deja fuera a muchas personas sin acceso a productos básicos. Este programa solo beneficia a quienes tienen menores a su cargo; se estima que unas 100.000 personas en Madrid quedan excluidas por este motivo.

Aumento en las ayudas sociales

Para abordar esta problemática, la Consejería ha establecido una línea específica dentro de las ayudas anuales del IRPF con un presupuesto de siete millones de euros. Este fondo está destinado a entidades sociales como la Fundación Banco de Alimentos para continuar con su labor humanitaria y ayudar así a aquellos que no pueden acceder al sistema estatal.