La educación es uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar y un derecho que debe garantizarse en condiciones de equidad. Sin embargo, las familias españolas continúan enfrentándose a importantes barreras económicas para acceder a los materiales escolares básicos, en gran parte debido a la elevada carga fiscal que recae sobre estos productos. Actualmente, cuadernos, lápices, gomas, bolígrafos, reglas o tijeras escolares están gravados con el tipo general del 21% de IVA, en contraste con el tipo superreducido del 4% que se aplica a los libros de texto.
Ante esta situación, la Asociación del Sector de la Papelería (ASP) ha presentado un informe en el que se analizan las implicaciones sociales, económicas y educativas de esta diferencia de trato fiscal, al tiempo que lanza un llamamiento al Gobierno central para que revise con urgencia la normativa vigente y considere estos materiales como bienes de primera necesidad.
Ausencia de una política estatal que garantice la igualdad de acceso
El informe pone de manifiesto que la falta de un marco nacional coordinado de apoyo a las familias ha derivado en una profunda disparidad territorial. En ausencia de una política común, son las Comunidades Autónomas las que deben asumir la responsabilidad de articular ayudas para el acceso al material escolar, generando una desigualdad estructural entre territorios.
Mientras algunas regiones, como Andalucía o Cantabria, han implementado programas de cobertura casi universal para el alumnado, otras comunidades, como Catalunya o Navarra, presentan un acceso notablemente más restringido. Esta heterogeneidad no se justifica necesariamente por diferencias en el PIB regional o en el gasto público en educación, sino que responde a factores como las prioridades políticas o el diseño de la financiación autonómica. El resultado es una notable desigualdad en el esfuerzo económico que deben asumir las familias, en función de su lugar de residencia.
Un esfuerzo económico desproporcionado para las rentas más bajas
Según datos extraídos de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación (EGHE) y la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), el coste del material escolar supone un mayor esfuerzo relativo para los hogares con menores ingresos: hasta un 2,73% de su presupuesto anual, frente al 1% en los hogares con mayor capacidad adquisitiva.
El gasto medio por alumno en centros públicos es de 281 euros, mientras que en los centros privados y concertados asciende a 432 euros. Aunque en partidas como papelería, tecnología y otros productos las diferencias son más reducidas, en el caso de los uniformes y los libros de texto las cifras son significativamente más elevadas en la red privada. De hecho, el gasto en libros en estos centros es un 64% superior al de los centros públicos, no solo por su presencia en etapas educativas más costosas, como el bachillerato, sino también por la escasa disponibilidad de becas y ayudas directas.
Una comparativa europea que refuerza la urgencia de actuar
A pesar de que países como España e Italia cuentan con salarios medios significativamente más bajos que otros Estados de la Unión Europea, sus familias deben destinar un porcentaje considerablemente mayor de su renta a la adquisición de material escolar: un 9,24% en el caso de España y un 10,80% en Italia, frente al 5,65% en Inglaterra o el 4,84% en Francia. Este desequilibrio evidencia la presión añadida que enfrentan las economías domésticas en contextos de menor poder adquisitivo, donde el acceso a la educación implica un sacrificio económico más elevado.
Si bien otros países europeos aplican tipos impositivos similares o incluso más altos al material escolar (como el 20% en Francia o Reino Unido), muchos de ellos compensan esta carga fiscal mediante políticas públicas activas: deducciones fiscales, ayudas directas o distribución gratuita de material. En España, la ausencia de una intervención estatal eficaz amplifica el impacto económico de esta fiscalidad, agravando de forma notable la situación de muchas familias.
Josep Buixeda, presidente de la Asociación del Sector de la Papelería, subraya la importancia de adoptar decisiones valientes que prioricen el acceso a la educación desde sus cimientos: “La medida es técnica y fiscalmente viable. Lo que se necesita es voluntad política y una visión de futuro que entienda que invertir en educación comienza por garantizar el acceso igualitario a los materiales básicos.”
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