Ante dicha circunstancia, la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), la mayor asociación de editores de prensa de España, en número de asociados, lanza el siguiente comunicado:

1. Desde su creación, hace ya 14 años, AEEPP ha tenido voz propia y un objetivo prioritario: defender los intereses de los editores, contribuyendo, en la medida de nuestras posibilidades, al esfuerzo de editores de todo el mundo por mantener sus medios y sus empresas y adaptarlos y proyectarlos hacia el futuro.
2. Desde nuestra creación como asociación, consideramos que la transformación digital es para los editores una oportunidad y no una amenaza.
3. Frente a modelos obsoletos, nuestros editores no pretenden detener la rueda de la historia sino adaptarse permanentemente a los cambios, convencidos de que su función de creadores y gestores de contenidos tiene un futuro brillante, también en el entorno digital.
4. Pretender limitar ese mundo mediante tasas y cánones es, en nuestra opinión, inútil y hasta contraproducente. Máxime cuando se pretende hacer por imposición y sin diálogo con todas las partes implicadas, lo que puede suponer un riesgo de que España pierda el tren de la innovación y el futuro, penalizando la creatividad y el acceso a la información.
5. Consideramos que debe haber una compensación justa por el trabajo y el esfuerzo realizado por todos los agentes del sector, pero estamos en contra de imponer nuevas tasas y cánones generalizados que solo van a conseguir retrasar la incorporación de nuestras empresas al mundo digital.
6. Creemos que los Gobiernos deben promover y elaborar normativas pensando en los intereses generales de la economía española, de los sectores afectados y de la mayoría de sus miembros, y no pensando en arreglar problemas particulares de algunas empresas que no han sabido adaptarse a los nuevos mercados.
7. La defensa de los derechos de autor es legítima, pero no debe extenderse a vulnerar el derecho de quienes eligen ejercer sus derechos de autor de manera diferente.
8. No nos parece aceptable entregar además la gestión y recaudación de esos derechos, por decreto, a entidades gestoras determinadas sin procedimientos previos de transparencia y concurrencia.
9. Consideramos que compartir contenidos, si se hace respetando derechos de aquellos que deseen ejercerlos es beneficioso para todos: para los usuarios/lectores, para las herramientas que lo facilitan y para los medios de comunicación.
10. Las modificaciones legislativas de los derechos de propiedad intelectual, o del mundo digital, deberían nacer del diálogo entre todas las partes afectadas e ir encaminadas a promover la transformación del sector y la sostenibilidad económica de todos los actores implicados, no solo de una parte.
11. Reclamamos al Gobierno y a todas las fuerzas parlamentarias que van a trabajar a partir de ahora con ese proyecto de ley que abran cuanto antes una mesa de diálogo con todas las partes implicadas.